Los problemas y dolores asociados a la seguridad han marcado buena parte de la agenda pública en los últimos años. Y es que, pese a su presencia en el debate público de larga data, las transformaciones recientes han convertido a la crisis de seguridad en una de las más relevantes del ciclo político actual. En esta conversación, la actual presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, caracteriza los nudos críticos de la agenda de seguridad y aborda la relación entre el aumento de la violencia, la desigualdad territorial, la experiencia de soledad o desprotección en la ciudadanía con el necesario fortalecimiento de la presencia y de la capacidad de respuesta del Estado.
La trayectoria de Constanza Martínez, abogada de 37 años, es inseparable de la historia del partido que hoy conduce. Fue presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho en 2011, uno de esos años en que la historia se condensa y la política se abre a voces, causas, maneras de hacer y de vivir que suelen estar relegadas o invisibilizadas en un debate público que era y sigue siendo estrecho. Muy consciente de los riesgos de ese vértigo y sin marearse con la velocidad que ha marcado la relación del Frente Amplio con el poder, los otros roles políticos que ha desempeñado Constanza se han tratado, principalmente, de que esa apertura para una política transformadora siga existiendo. Trabajó como jefa de gabinete y asesora legislativa en la bancada del Frente Amplio. Además ha participado en funciones políticas y ejecutivas en las campañas presidenciales de 2017 y 2021. En jerga militante la capacidad de desenvolverse en diferentes roles políticos y transitar entre líneas de mucha y poca visibilidad puede definirse como un perfil de construcción o de constructora, desde la cual se gana mirada estratégica. Y aunque parezcan palabras sosas, son más precisas que fundadora o liderazgo histórico, que queriendo decir mucho apuntan poco a las tareas, ideas o necesidades de las izquierdas en el contexto actual de debilidad de los partidos. Con esa historia que la antecede, Martínez nos propone un análisis que intenta ampliar la mirada sobre la acción y reflexión política, apelando a la humildad que se necesita para comprender el tiempo histórico en que nos toca vivir y la sociedad con la que buscamos transformar la vida en común.
Además de la trayectoria política, Martínez tiene oficio en la gestión institucional, especialmente en seguridad. Durante dos años asumió la Delegación Presidencial en la Región Metropolitana, tiempo en que le tocó enfrentar eventos muy críticos para la región y, por su notoriedad, para el gobierno en general.
—¿Cómo fue para ti liderar la Delegación Presidencial en la RM? A nivel personal y político.
Fue un tiempo de mucha responsabilidad, aprendizaje y compromiso en la tarea que se nos encomendó. No lo tengo registrado en mi memoria como un trabajo individual, fue un trabajo colectivo que nos permitió, entre otras cosas, construir un relato común con todos quienes trabajaron en los equipos, tanto del Frente Amplio como de otras trayectorias políticas y profesionales de nuestro arco de alianzas.
Ese trabajo en equipo nos permitió avanzar en una lectura de seguridad desde la izquierda. Esto es muy importante porque se tiende a repetir el mito de que la derecha tiene una visión sobre la seguridad y nosotros no. En cambio, creo que a Chile le faltaba una lectura sobre la seguridad en el siglo XXI y eso es transversal a todos los partidos. La derecha ha tenido una lectura de campaña sobre la inseguridad, pero no una propuesta consistente de cómo se soluciona.
—¿Cómo definirías tu experiencia de trabajo con las diferentes instituciones que comparten responsabilidad en materia de seguridad?
Fue clave la coordinación. Fortalecer la coordinación fue prioridad desde el día uno y marcó la pauta de nuestra visión sobre la seguridad. La seguridad de las personas no puede estar sujeta a los vaivenes de la contingencia, debe ser una política de Estado. Y para eso es fundamental contar con la experiencia y mirada de los distintos actores institucionales. La primera exigencia de la ciudadanía a las instituciones suelen ser los gobiernos locales, pero se trata de instancias que no tienen las facultades correspondientes en materia de seguridad. Por otro lado, Carabineros y las policías venían de un proceso complejo en el 2019, y para superarlo se necesitaba, ante todo, una mirada de colaboración.
— ¿En qué se traduce esa capacidad de coordinación en el trabajo diario en materia de seguridad?
Diría que lo principal es lograr que el Estado llegue. Fue esa disposición de escucha y coordinación constante la que nos permitió entrar a lugares donde nos decían que era imposible. Partimos con la recuperación de espacios públicos en zonas donde, al alero del comercio ambulante, operaban los niveles más altos de organicidad del crimen. Luego avanzamos haciendo frente a los Narco Mausoleos, allí nos encontramos literalmente con castillos de grupos narcotraficantes – como “Los Marchant” en Lo Espejo- y la idea instalada de que era inviable devolver esos lugares a la comunidad. Quisimos demostrar que tenemos un Estado capaz de articularse, con las policías, municipios, SUBDERE y delegación. Abordamos 15 lugares que estaban tomados por el narco y hoy hay juegos infantiles y organización social donde antes había elementos que ensalzaban la cultura narco. En fin, la lista de ejemplos es larga, pero lo importante fue demostrar que nuestras instituciones pueden y deben llegar a todos los lugares donde se necesita la presencia del Estado. Permite construir señales y respuestas concretas que generan la confianza necesaria para las tareas que son de más largo aliento.
— En ese trabajo de cooperación en general, ¿cómo incidió el clima político en el que se señalaba con recurrencia una mala relación o disposición entre las fuerzas de orden y la nueva izquierda?
Tuve la posibilidad de conversar de manera honesta con Carabineros y con la PDI: una cosa es el orden público y otra cosa es la seguridad. Nuestra crítica principal en los años previos a la llegada al gobierno, tenía que ver con la utilización del orden público para solucionar problemas políticos. Y en eso la responsabilidad recae principalmente en los actores políticos. La gestión del orden público durante el estallido social, en parte, intentó resolver por la fuerza el malestar generalizado que se expresaba de manera masiva en todo el país.
Quienes tenían que resolver el problema del malestar, de las bajas pensiones, de la injusticia, no era precisamente el carro lanza-aguas. Lo que se necesitaba era una reforma de pensiones, una reforma que permita mejorar el sistema de salud y la educación, además de varias cosas que funcionan mal en nuestro país. Incluyendo la seguridad. En esa materia, a la oposición le falta una autocrítica de cómo horadaron la legitimidad de Carabineros en el contexto del estallido al utilizar a la institución de carabineros -una frase mía que en algún momento causó polémica pero la refrendo- como carne de cañón.
Fue un error brutal que tuvo consecuencias materiales en violaciones de los derechos humanos. Es posible reconocer eso y, al mismo tiempo, afirmar que hay que fortalecer la institución de carabineros. Eso implica modernizar, velar por el cumplimiento de los protocolos, requiere tener conversaciones honestas. Logramos tener esas conversaciones y, sin pretender hablar por el resto de las instituciones, me atrevo a decir que son visiones compartidas. Abordamos de manera honesta y conjunta esa distinción entre orden público y seguridad. Reconociendo que en materia de orden público hubo una práctica política permanente de utilizar a carabineros para solucionar problemas de otro tipo.
— ¿cómo ves esa distinción entre orden público y seguridad en las necesidades o urgencias de la ciudadanía en la vida diaria?
Uno de los primeros eventos públicos que tuve como delegada fue una asamblea gigante de seguridad con 500 dirigentes vecinales de Pedro Aguirre Cerda en la que también estaban presentes el alcalde, las policías y representantes del ministerio público. La opinión mayoritaria de vecinas y vecinos era que la respuesta era intensa y rápida en materia de orden público, pero lenta y escasa en materia de seguridad. Y nos encontramos con una realidad social de la que las izquierdas deben mirar en profundidad: hoy lo que genera mayor organización social en las comunas, sobre todo las urbanas, son los comités de seguridad.Hay mucha coordinación entre vecinos, logran organizarse, conseguir cámaras y proyectos que mejoran su seguridad y condiciones de vida. Es algo que tenemos que acoger.
Aproximaciones a la actual crisis de seguridad
El temor al delito tiene impactos muy concretos en la cotidianeidad: cambia nuestros hábitos, la manera en que organizamos nuestros recorridos diarios por la ciudad, la relación que tenemos con las instituciones, incluso el tiempo para disfrutar de la noche o los lugares que escogemos para el ocio, la manera en que nos vinculamos con los otros y con todos quienes pueden representar una amenaza. Igual de cierto es que la delincuencia lidera las preocupaciones ciudadanas en Chile hace al menos 10 años, es decir, no es novedad. Pero la proporción de personas con alto temor al delito ha alcanzado sus niveles más altos en los últimos años, con un 30,5% en 2023. Y los cambios acelerados en la criminalidad también pueden nombrarse como problemas de estos últimos años. Abordar las características actuales de la crisis de seguridad implica hacer un ejercicio con varias capas, para recorrer aquellos elementos que nos acompañan hace décadas y cómo aspectos más recientes de nuestra realidad social aceleran cambios en esta materia. Y de paso aventurarse a reconocer si como sociedad estamos a tiempo para generar respuestas que construyan certezas que se proyecten a un futuro con más tranquilidad.
— ¿Cómo definirías la crisis de seguridad en el presente?
Al asumir el gobierno nos encontramos con un escenario marcado por tres dimensiones: crecimiento sostenido de la violencia en los centros urbanos, crisis de fronteras en el norte y altos niveles de conflictividad y violencia en la macro-zona sur. Y como telón de fondo una crisis más amplia: una crisis institucional marcada por el desapego de la ciudadanía con sus instituciones y una crisis del espacio público post pandemia. Esto último conlleva un gran deterioro de los espacios públicos, de los lugares para la vida en común.
Respecto al aumento de violencia en los centros urbanos el dato más claro es el aumento sostenido de homicidios en los últimos 10 años. Me refiero a los homicidios que ocurren con mayor preponderancia en la vía pública y con armas de fuego, que es un indicador clave para medir la violencia y, que en Chile ha crecido sostenidamente en los últimos 10 años. Este cambio en la criminalidad de los grandes centros urbanos es un proceso de larga data.
Es una realidad que ha estado en el centro de las iniciativas que hemos desarrollado. Tal como ocurre con el plan Calles Sin Violencia que ha permitido mejorar la capacidad de la fiscalía y policías, con equipos 24/7 -que antes no existían- que permiten una llegada rápida a los lugares donde ocurren crímenes violentos, agilizando así la obtención de pruebas y mejorando la calidad del trabajo que requieren los procesos investigativos. En los sectores con mayor densidad poblacional, tras los crímenes violentos, hay dinámicas de rivalidad y disputa entre bandas. Las respuestas que hemos empujado en el trabajo coordinado con diversas instituciones facilitan el reconocimiento de las bandas que operan en cada territorio, generan información valiosa para el diseño de políticas públicas integrales y ayudan a dar con los responsables de los homicidios con mucha más agilidad.
Una segunda dimensión relevante es la crisis migratoria, también de larga data, con un descontrol en la frontera producto de la crisis migratoria generalizada en el continente, por la ausencia de una política migratoria del siglo XXI en nuestro país y por el déficit de inversión en la frontera. Esta arista también ha concentrado esfuerzos importantes de nuestro gobierno, lo que se refleja en una baja sustantiva en los ingresos irregulares.
Y, en tercer lugar, los problemas de seguridad en este largo plazo han estado marcados por la crisis de la macro zona sur. Algo que hoy no aparece con tanta frecuencia en la conversación pública, justamente porque se ha logrado reducir significativamente la violencia y conflictividad en la zona.
— Además de esos tres elementos, que tienen un componente geográfico importante, ¿qué otros aspectos incluirías en una visión más general en materia de seguridad?
Quisiera sumar otro elemento que no siempre se considera en la conversación sobre seguridad, la crisis de vivienda. Entre 2018 y 2020 surgieron macro campamentos enormes, con características muy distintas a las que estábamos acostumbrados. El de Cerrillos y el Lamparaíso en la RM son experiencias super distintas a lo que conocíamos. Y los ejemplos a nivel nacional son muchísimos.
Estamos hablando de un escenario con múltiples dimensiones: con aspectos institucionales, con transformaciones en la vida cotidiana de las personas, con una experiencia de soledad e incertidumbre muy fuerte en el día a día. Está muy presente el riesgo de que lo poco que se logra tener puede ser arrebatado con mucha facilidad por el crimen. Con barrios que se transforman con la presencia de bandas, de nuevas formas de vida, de condiciones precarias, de acceso a servicios, etc.
— ¿Por qué hoy esos elementos configuran un escenario tan alarmante y distinto al que veíamos años atrás?
Un elemento central es la violencia, asociada a los homicidios y otros cambios en la criminalidad, porque alimentan la experiencia de ausencia del Estado y algo parecido ocurre con la degradación de los espacios públicos. Hay otros temas que tienen más que ver con la convivencia, pero son leídos en clave de seguridad. Por eso la recuperación de espacios públicos se transformó en un elemento central de nuestra política: el desorden, el comercio ambulante, los ruidos molestos, todo eso contribuye a que la calle ya no se sienta como propia, lo que genera altos niveles de desafección con lo común. En eso también se juega la mayor presencia del Estado y lo repito porque considero que la etapa de la crisis en la que estamos no es terminal. Si me preguntan ¿estamos a tiempo? yo creo que sí. Tenemos una crisis institucional grande, sí, pero con instituciones que de algún modo todavía funcionan, que pueden coordinarse entre sí.
En la ciudadanía está muy ausente el sentido de protección y de defensa. ¿Quién te defiende? El Estado aún resulta muy inaccesible, lejano y para poder producir cambios se necesita mucho tiempo. Tenemos un Estado que es lento.
— Lo que relatas habla de deudas muy profundas del Estado con la sociedad. ¿Cómo evalúas las respuestas que se han generado desde el trabajo del Frente Amplio y nuestra coalición en el gobierno?
El gobierno entendió muy bien, desde el principio, que este era un problema complejo y que requería de distintos niveles de intervención (un buen ejemplo es la creación del Ministerio de Seguridad, los avances en control de armas, las propuestas en inteligencia económica, el fast track legislativo en general). Además, hemos logrado mejorar las capacidades materiales para la persecución del delito, lo que, entre otras cosas, significa inyectar más recursos y contar con planes integrales para la envergadura de la crisis que vivimos.
En frontera nos tomamos muy en serio las dificultades. Fortalecimos y actualizamos la ley de migraciones e invertimos más recursos en todos los pasos fronterizos lo que nos permite contar con reconocimiento biométrico. Se ha avanzado en el empadronamiento de los migrantes para tener una certeza de quienes quieren construir su vida acá y regularizarse, que es una discusión urgente e importante.
En la macrozona sur ha sido clave el abordaje integral mediante el plan Buen Vivir, que ha puesto una cantidad de recursos muy importante en la zona, y el diálogo político en el sector. Esperamos contar con buenos resultados en la Comisión por la Paz y el entendimiento, que abra la puerta a una política de Estado con respecto al pueblo Mapuche.
En definitiva, hemos profundizado las soluciones materiales y políticas, tanto a las capacidades de las fronteras como a las condiciones materiales de las regiones que están en medio del conflicto en el sur. Esa mirada más integral y estratégica nos ha permitido tener avances relevantes, lejos del oportunismo y espectáculo como ocurrió hace años con Operación Huracán.
La mayoría de estos elementos que menciono van en la dirección de fortalecer la capacidad del Estado, contribuyen a que nuestras instituciones se hagan cargo de los problemas de fondo en el mediano y largo plazo. Y, junto con ello, es indispensable realizar esfuerzos concretos, con el mismo espíritu, que tengan un impacto claro en la vida cotidiana de las personas.
Un Estado en deuda, crisis política abierta y la convivencia social en tensión.
El actual gobierno ha ultimado los esfuerzos institucionales para construir respuestas inmediatas y crear capacidades estratégicas para el mediano plazo. Pero insisten quienes, ante las dificultades persistentes, sólo pueden imaginar intervenciones públicas acotadas y circunscritas al monopolio de la fuerza. Sin duda hay espacio de mejora en ese ámbito, pero el quehacer de un Estado es mayor. Estas visiones no están solo en juego en el debate en el sistema político, y es que la figura de líderes como Bukele y la demanda de mano dura crecen cuando la experiencia de desprotección campea en el día a día.
— Has mencionado la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado y sitúas en ese esfuerzo varias iniciativas o avances del actual gobierno. ¿Qué aspectos te parecen problemáticos? ¿Qué trabas impiden dar respuestas más significativas o estables en el tiempo?
Casi todas las trabas hablan de la necesaria modernización del Estado, de la capacidad de nuestras instituciones de articularse en torno a esto tan urgente que es la seguridad. No basta con que el Ministerio del Interior o prontamente el de Seguridad estén preocupados, necesitamos un mayor involucramiento y coordinación del SII, Aduanas, el Ministerio de Vivienda. Incluidos sectores como Cultura y Educación. Es crucial que todas estas áreas se hagan parte de una estrategia integral en seguridad y que eso se implemente con mayor agilidad. Aunque hemos avanzado en esta línea, es muy notorio que el Estado se mueve como un buque pesado en el que cuesta mucho cambiar el rumbo y la velocidad. Eso es muy costoso para la ciudadanía y desde las izquierdas tenemos que preguntarnos cómo agilizamos la acción del Estado, con más efectividad que efectismo.
Otro desafío es la mejora de la inteligencia de nuestro país, con mejores herramientas de investigación en los delitos más graves. Un ejemplo: la derecha suele hablar de aumento de penas o rebaja de la edad penal como única solución. En cambio, creo que debiéramos contar con recursos y herramientas suficientes para un seguimiento adecuado a las trayectorias delictuales. Hay muchos delincuentes prolíficos que no son abordados a tiempo y se pierden en carpetas infinitas. Por eso es tan importante que avance nuestra propuesta en torno al secreto bancario, algo a lo que la derecha se ha opuesto de manera muy categórica. Bueno, el caso Hermosilla da pistas de ese rechazo tan férreo a levantar el secreto bancario. ¿Por qué es tan importante seguir la ruta del dinero? Porque el crimen es una actividad económica, lucrativa, en la que se busca ganar plata con medios violentos.
Para hacernos cargo de estas trabas hace falta una discusión menos estridente en la política, sobre todo en esta materia. En seguridad debiésemos tener un Estado más organizado y una política más organizada para resolver el problema, eso es mucho más importante que hacer campaña permanente con respecto al miedo. Y esa tendencia a hacer de la seguridad una campaña permanente ha sido un escollo para poder abordar esta agenda de manera seria y responsable, como política de Estado.
— ¿A qué te refieres con esa campaña permanente?
Perdemos mucho tiempo en señalar quién está de acuerdo o en contra de que haya más seguridad en Chile, ¡si estamos todos de acuerdo con que necesitamos más seguridad! Pero a partir de diferencias de enfoque o en detalles en un proyecto de ley, la derecha alimenta una discusión efectista que tiene como eslogan de campaña permanente la idea de “hay gente que se opone”. Con todo lo que hemos avanzado creo que a veces nos ha faltado audacia para superar esa discusión, una dinámica de campaña efectista que desordena y enloda el debate central. La ciudadanía percibe ese desorden y aumenta el desapego cuando solo se les ofrecen imágenes e intercambios que tienen la forma de una pelea infinita con poca solución. Sin duda eso genera descrédito en la política para la ciudadanía y es muy contraproducente, porque la ciudadanía necesita de la política y sus instituciones para fortalecer la capacidad de respuesta ante la crisis de seguridad. En los espacios donde hay mayor organización social hay mayor seguridad. Cuando la gente se conoce, allí donde hay redes de cuidado, más posibilidades de éxito tienen las iniciativas para mejorar la seguridad.
En esas condiciones del debate, la mirada estratégica se pierde en lo urgente. La educación, la cultura y el deporte son claves para poder dar una respuesta a la juventud y son temas que hoy no caben en la conversación. Se menosprecian estos aspectos, todos muy necesarios si queremos tener una política a 10 años plazo.
Necesitamos un Estado fuerte, ágil, que sancione a quienes cometen delitos, que persiga la ruta al dinero, que logre desarticular bandas y que tenga altos estándares de inteligencia. Y, al mismo tiempo, tenemos que evitar que sea atractivo ser parte de una estructura criminal. Esa parte de la conversación hoy no existe.
—A partir de estos avances, trabas y aprendizajes, ¿Cuáles deben ser nuestras principales tareas pensando el congreso FA y la próxima presidencial?
Es urgente e inexorable para nuestra acción política luchar por el derecho a la seguridad de la mano con el fortalecimiento del Estado y su modernización. La lentitud de la que hemos hablado es en buena medida por la subsidiariedad del Estado. Es indispensable también fortalecer territorialmente a los municipios y el proceso de descentralización en general, con foco en las capacidades para que cada escala de gestión pueda realizar su trabajo. Hablamos mucho de qué organismos tiene qué competencias y no tanto de capacidades, ahí tenemos un tema pendiente.
—¿Cómo crees que impacta la crisis de seguridad a la convivencia social en Chile?
Crece la distancia de la ciudadanía con sus instituciones cuando no llegan lo rápido que uno quisiera. Eso profundiza el desapego y la experiencia de soledad. Por eso es tan importante que como izquierda defendamos el derecho a la seguridad. Al afirmar que la seguridad es un derecho, decimos que no puede depender ni de cuánta plata tiene tu hogar para poner una reja o una cámara, ni de cuánta plata tiene tu municipio para esos fines.
En Estación Central la conducción de la derecha destruyó la comuna junto a las inmobiliarias. Esa destrucción hizo que la convivencia allí cambiara de la noche a la mañana de manera explosiva, con una situación crítica en acceso a servicios. Eso nos obliga a mirar las consecuencias de las formas de hacer ciudad, ¿cómo se organizan las ciudades? Es una tremenda pregunta que nunca se toma en cuenta al hablar de seguridad.
— Varios de estos elementos tienen que ver con la desigualdad territorial, ¿cómo crees que se entrelazan seguridad y desigualdad territorial?
Es una realidad brutal. Mencionaré varios ejemplos de estos años. Cuando asume Felipe Muñoz su primer periodo, Estación Central contaba con 40 cámaras de seguridad aproximadamente con todos los problemas que sabemos que existen ahí. Y en una de las comunas del sector oriente el total de cámaras era 2000. Tenemos una desigualdad territorial muy grande en la capacidad de los municipios para atender a las necesidades de seguridad, para hermosear e iluminar espacios públicos. Lo que ha realizado Tomás Vodanovic en Maipú es impactante, logró cambiar toda la luminaria comunal, además de recuperar la plaza. Pero es un esfuerzo que requiere de muchos recursos y trabajo de gestión. En Pudahuel Ítalo Bravo ha hecho una pega importante al promover el diálogo y coordinación entre las organizaciones, al tiempo que genera mecanismos para una solución de conflictos más rápida. Javiera Reyes en Lo Espejo que ha enfrentado con firmeza al narcotráfico. Todos estos casos implican un esfuerzo institucional a nivel local muy grande, que se explica principalmente por la enorme voluntad política de estos liderazgos ya que, al ser comunas con menos recursos, no cuentan con todos los recursos necesarios.
Por eso estoy muy orgullosa del Royalty Minero, que permite contar con acceso rápido a recursos a muchas comunas que estaban en situación de desmedro. En esa línea, también me parece destacable haber puesto fin a la concursabilidad. Esa modalidad de asignación de recursos de seguridad reproducía desigualdades territoriales, ya que eran los municipios con más recursos y capacidades instaladas quienes se adjudicaban con más frecuencia los proyectos. Quedaban fuera los municipios con más necesidad. En la actualidad el Estado acompaña técnicamente a los equipos municipales para igualar la cancha en el acceso a esos fondos.
En la escala territorial es relevante la pregunta por las organizaciones sociales, su actualización y la capacidad de las instituciones para acogerlas y potenciarlas. En la recuperación de espacios públicos que impulsamos desde la Delegación, especialmente en la demolición de los narco mausoleos, las organizaciones sociales fueron claves. Son la principal garantía para que esos espacios vuelvan a sentirse como propios por parte de la comunidad.
— En tu reflexión sobre el impacto de la crisis de seguridad en la ciudadanía has reiterado la experiencia de soledad, el desapego con los liderazgos políticos y la lentitud del aparato estatal como factores relevantes. ¿Podrías profundizar en cómo estas dimensiones se cruzan con desafíos generales que tenemos como sociedad?
En la experiencia de soledad, cuando ves que al final del día lo que toca es rascarse con las propias uñas, lo que aparece como alternativa es subirle uno o dos grados a la violencia como vía de solución. Eso explica, entre otras cosas, que el autoritarismo está la vuelta a la esquina. Nos imaginamos que es posible esperar la llegada de alguien que sí va a meter a todo el mundo a la cárcel o solucionar de un plumazo nuestros miedos.
Por eso insisto en lo contraproducente y dañino que resulta usar la seguridad como un simple eslogan de campaña. En el ruido se deterioran las instituciones, crece la imagen de que todos los políticos son iguales y, al final del día, nadie es responsable. La seguridad es tan compleja que todo el que diga que tiene una solución mágica está mintiendo, porque alguien va a salir trasquilado en esa operación.
Las izquierdas, el cambio social y el derecho a la seguridad.
La dinámica del conflicto político y social en Chile en las últimas décadas ha derivado en que, en no pocas ocasiones, se construyen como polos opuestos la necesidad de hacerse cargo de las urgencias de seguridad y el ímpetu de transformación social para hacer frente a las múltiples desigualdades sociales. A esta altura del partido queda claro que se trata de una distinción que habla mucho más de interpretaciones forzadas que de un reflejo de la realidad de las preocupaciones a lo largo y ancho del sistema político, también del país. Sin embargo, el imaginario con que la derecha ha ocupado el ciclo electoral de estos años ha insistido en que la preocupación actual de las izquierdas y progresismos por la seguridad es más bien un signo de derrota o renuncia ideológica a su espíritu transformador.
— A partir de los elementos que has traído a esta conversación, ¿Cuáles son los desafíos que te parecen relevantes para los debates estratégicos de las izquierdas en el presente?
Lo central es comprender la profundidad de la crisis de seguridad y que el derecho a la seguridad es estratégico para nuestra pelea. Se trata de la lucha por las libertades, eso es algo que está en el corazón de nuestro proyecto político. Contar con derechos y libertades es la base para poder desarrollar cualquier proyecto de vida. No sé cómo podría ser más de izquierda y tenemos que asumirlo con orgullo, que es lo que hemos hecho durante este gobierno.
Lo segundo es la urgencia de incorporar desde las izquierdas un componente internacional para abordar estos fenómenos que son de carácter global. La migración es un fenómeno global, el crimen organizado es un fenómeno global y a ratos somos un poco isleños en Chile para abordar esos desafíos. Esa perspectiva más amplia es fundamental para comprender cómo la migración irregular o el crimen organizado interactúan con la actual crisis de los Estados.
Y lo tercero es la lucha por un Estado fuerte. Creemos que el Estado debe fortalecerse, no en una dimensión subsidiaria, sino en una perspectiva de derechos. Eso es indispensable para enfrentar el crimen porque cuando no está el Estado avanza el narco, es así de claro.
— Has mencionado varias veces la capacidad de coordinación del Estado y de la sociedad en general, en un contexto en que las condiciones para la coordinación social y política están mermadas. Frente a esa necesidad de contar con mejores niveles de coordinación, ¿qué lecciones te parecen relevantes para nuestro sector?
En medio de esta crisis institucional todo el mundo quiere decir que el responsable es otro. Hablar de coordinación en este campo exige renunciar a esa tendencia a pelotear la responsabilidad. En nuestro paso por la delegación, ante hitos de connotación pública asociados con la seguridad era muy frecuente la pregunta por el responsable: la primera respuesta era “yo”, porque como delegada era la encargada de la coordinación en materia de seguridad. Y la reacción era extraña, aunque para nosotros era obvio.
En esa misma línea, es importante insistir en la centralidad de la articulación para fortalecer el Estado y mejorar la capacidad de resolver la crisis institucional. Eso puede ser en distintos niveles. Desde la delegación tuvimos que hablar muchas veces con Camila Merino de Vitacura, especialmente para el tema de los portonazos y tenía muy buenas ideas. ¿Y eso significa hacer una alianza política con ella? No, pero es posible coordinarnos para tareas específicas.
En otro nivel está el problema de las mayorías políticas y sociales. Es claro que nos faltó mayoría en el congreso para avanzar en ciertas reformas, por lo que un objetivo clave es lograr esa mayoría electoral y, más allá, construir mayorías sociales. Creo que estos aspectos son muy importantes para la reflexión y definición política, para materializar nuestro proyecto de cambio.
Si lo que queremos es empujar cambios significativos en el país necesitamos que nuestras ideas sean convincentes, que se materialicen en logros de gestión concretos que resuelvan problemas y que tanto las ideas como la capacidad de gestión se ordenen en torno a una estrategia de mediano y largo plazo. A veces creemos que basta con tener buenas ideas, pero no son suficientes si no sirven para cambiar la realidad. Incluso las mejores ideas pueden quedar en el aire si no dialogan con prácticas concretas y una proyección de largo plazo, terminan en un buen comentario para redes sociales y nada más. Por otro lado, si todo se reduce a la gestión inmediata, caemos en el riesgo cosista, que es otra forma de populismo. Repito: ideas, capacidad de gestión y objetivos claros son elementos indispensables.
— A propósito de los niveles de violencia asociados a la crisis de seguridad, no solo en el crimen, también en la expectativa de respuesta, en la validación de la violencia y el autoritarismo como camino de solución. ¿Qué reflexiones deberían considerar las izquierdas?
Lo primero es asumir que el discurso del “todos contra la derecha” está agotado. No basta con los discursos y prácticas que se centran en el riesgo e incertidumbre que la derecha representa para la democracia si no somos capaces de poner sobre la mesa contenido político propio, una alternativa a las personas desde las izquierdas. La elección de Trump lo muestra de manera clara: denunciar que el adversario es pésimo, terrible y representa una locura, no es suficiente. Hay que mostrar por qué nuestro proyecto entrega mayores certezas, esperanza y capacidad para que todos y todas puedan desarrollar su proyecto de vida. No podemos renunciar a eso. Y creo que en el debate de las ideas estamos perdiendo. Necesitamos renovar nuestro compromiso con las ideas y eso debe tener un correlato en la acción.
A nivel social, lo que nos toca es participar de las instancias donde la gente se está coordinando, acoger sus preocupaciones sin ridiculizarlas y construir mecanismos para que lo común pueda ser una alternativa. Es algo que debiésemos hacer todos como militantes.
— Sobre esta última idea: señalaste que la seguridad es uno de los ámbitos donde más se desarrolla organización social y que donde hay más organización, hay menos delito. ¿Qué desafíos deja eso para la construcción de partido?
Reafirma el compromiso de que la salida colectiva es la única salida que tenemos. A nuestro partido le toca comprender que no somos un partido meramente estatal y gobernista. Nuestra acción no puede reducirse a lo que hacemos a nivel de gobierno, nos toca proponer e impulsar más allá. Y eso que parece fácil de decir es muy desafiante porque nuestra trayectoria partidaria ha sido muy vertiginosa, llegamos bastante rápido al poder y es muy fácil creer que el único mecanismo que tenemos es el Estado. Ya lo he señalado en esta conversación: es indispensable fortalecer el Estado. Pero eso debe hacerse al tiempo que construimos una fuerza social, cultural y material más amplia que eso y necesitamos una mirada del siglo XXI para abordar ese trabajo: comprender las formas y caminos actuales que tienen las organizaciones sociales, dejar atrás esa nostalgia desde la que idealizamos un pasado “mega organizado” o más organizado que el presente. Son muchas las preguntas en este ámbito y aunque sea repetido toca mencionar las dinámicas de socialización a través de las redes sociales y la pregunta por nuestra manera de comunicar. ¿Cómo invitamos a la gente a ser parte de nuestro proyecto? Creo que a la izquierda le cuesta mucho dar la bienvenida: que sea fácil y más feliz tu vida cuando eres parte de un espacio colectivo. Eso es muy importante, que la experiencia de organizarse sea más amable, un espacio donde podamos vivir mejor juntos, en la construcción cotidiana.
— Qué reflexiones nos deja, para la construcción, disputa o escucha del sentido común, lo que está pasando con esas trayectorias de vida individuales o colectivas (populares y de élite) que terminan participando de esa forma de consumo, de esas economías que conforman el crimen organizado.
Yo creo que son distintas expresiones y al decir “crimen organizado” todo cae en ese saco. Toca ser precisos en las formas de criminalidad y en los distintos niveles de involucramiento. Aunque sea repetido y básico, lo real es que generar mayores oportunidades es la clave. Si tu única expectativa al salir del colegio es una vida incluso más precaria que la que tuvieron tus padres, porque ni siquiera tendrás acceso a una casa, se complican los incentivos para decidir dónde y cómo desarrollas tu proyecto de vida.
Además, nos toca estar mucho más atentos a la cultura popular. Hoy día la cuarta canción más escuchada en el mundo es de un artista chileno (Gata Only) y hace no mucho perdimos muchísimo tiempo y energía en un debate sobre las implicancias de traer un determinado cantante al Festival de Viña. Ocultar la realidad no sirve para escrutarla ni para resolverla. En cambio, hay que intentar entender lo que está pasando y comprender que esas expresiones culturales dan cuenta de realidades que merecen ser escuchadas. En eso las generaciones que somos más viejas, debemos construir una lectura más empática con las generaciones nuevas. ¿Sabemos en torno a qué se están organizando las nuevas generaciones? Los juegos, comunidades de distinto tipo, etc. Se requiere un poquito más de humildad para abordar esos debates, lo que no quiere decir que seamos autoflagelantes, pero sí más humildes.
Volviendo a tu pregunta, sobre lo atractivo de la cultura y modo de vida vinculado al mercado del narco, hay un componente de la conversación que falta. Sobre el tipo de sociedad que hemos construido, me lo señalaba recientemente un conductor: “tenemos una sociedad donde somos sólo consumidores, no somos ciudadanos”. El Chile que nos tocó es un Chile neoliberal y por mucho rato nos contamos el cuento de una ciudadanía que expresa en clave muy de izquierda su malestar. Pero no es así, el malestar es malestar no más, al menos en Chile. Y hay que entender este Chile neoliberal para poder cambiarlo. A ratos tratamos de imponer una lectura propia, sin lograr ofrecer una lectura que converse con los otros. Lo único que tenemos como izquierda, ya que no tenemos ni el poder económico, ni los medios de producción, ni los medios de comunicación social, es la gente, la sociedad y su capacidad de organizarse. Creo que como Frente Amplio nunca hemos renunciado a empujar esos cambios desde la masividad. Que a la gente le haga sentido lo que decimos, que nos crean y, sobre todo que nos acompañemos en la creación de organización y sentido de cambio desde la ciudadanía. Nos falta una mirada un poco más situada en nuestro tiempo.
