Durante 2024 se conmemoraron cinco años de la movilización más importante desde la recuperación de la democracia en 1990. Si bien la mayoría de manifestantes fueron jóvenes con mayor nivel de escolaridad (González y Le Foulon, 2020) el alcance del “estallido” fue nacional. A diferencia de manifestaciones anteriores (2006, 2011 o 2018), los protagonistas no fueron únicamente jóvenes estudiantes. En diversas poblaciones de Santiago y regiones, se registraron cabildos, asambleas territoriales, caceroleos y diversas expresiones de violencia, entre ellas, masivos saqueos al gran comercio y numerosos enfrentamientos con la policía.
Esta amplia participación de residentes de barrios populares en el “estallido”, especialmente de jóvenes, tensionó en parte la interpretación hegemónica que conocíamos. Durante la década de 1990, los jóvenes hombres de sectores populares fueron los primeros en distanciarse de la política institucional, dejando de inscribirse en los registros electorales. Tras la promulgación del voto voluntario el año 2012, las comunas populares se caracterizaron por su baja votación, en contraste con las comunas del cono de altos ingresos. Esta “brecha de participación” entre individuos de distinto estatus socioeconómico no es exclusiva del caso chileno. En general, las personas con menos dinero, tiempo y competencias cívicas participan menos en política, ya sea en procesos electorales o en manifestaciones más disruptivas (Brady, Verba y Schlozman, 1995). Sin embargo, el involucramiento masivo de jóvenes de sectores populares durante las protestas no fue un hecho aislado. Analizando los datos de la Encuesta Latinobarómetro, se puede observar que los sectores populares, especialmente los jóvenes, desde el año 2010, han incrementado su disposición a participar en manifestaciones, a hablar de política y a intentar convencer a otros de su propia posición política (Araujo, Angelcos y Pérez, 2023). Este proceso de politización también tuvo una expresión electoral. En el plebiscito de entrada al proceso constituyente, realizado en 2020, se produjo un incremento muy significativo de la participación electoral en las comunas populares. Todavía con voto voluntario, por ejemplo, en Bajos de Mena (Puente Alto), en la segunda vuelta presidencial del año 2017, solamente votó el 31,26%, mientras que, en el plebiscito de 2020, la participación aumentó a 54,24%. Esta tendencia se mantuvo en la elección presidencial siguiente, donde el actual presidente Gabriel Boric arrasó (76,77%), aunque con una participación un poco menor (49,21%). En ambas elecciones, lo más llamativo fue el incremento en la participación electoral de los jóvenes.
Este proceso de politización parecía, en un principio, alineado con la salida institucional que promovía la izquierda, aun cuando sectores de derecha también se sumaron al cambio constitucional. Sin embargo, el rechazo a la propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constituyente, el triunfo de los Republicanos en la elección del Consejo Constitucional el año 2023 y el rechazo a la nueva propuesta de Constitución elaborada por dicho Consejo, volvieron a instalar numerosas interrogantes sobre el comportamiento político de los sectores populares. En el debate público, se instaló la metáfora del péndulo para describir cómo las votaciones se movían de izquierda a derecha sin una razón demasiado clara. El problema de esta interpretación es que supone que las personas, en este caso los sectores populares, evalúan la oferta política en los mismos términos que se organiza el campo político: el “estallido” era de izquierda, el “rechazo” era de derecha. Aun considerando el importante incremento de las votaciones durante el plebiscito de entrada, casi el 45% de las personas no votaron, es decir, casi la mitad de la población no confió en el mecanismo mínimo de legitimación del campo político. En la misma línea, en una investigación que realizamos con personas que se manifestaron por primera vez en el “estallido”, la ausencia de liderazgos políticos y actores institucionales no era percibida como una debilidad del movimiento, sino como un incentivo para participar de las manifestaciones (Aguilera, Barozet, Angelcos, Espinoza, Gutiérrez Crocco, Jara y Montero, 2023). En este sentido, lo que caracteriza la relación de los sectores populares con la política es un proceso de politización, especialmente de los jóvenes, que convive con un rechazo muy significativo al clivaje izquierda/derecha y a los actores políticos institucionales (Araujo, Angelcos y Pérez, 2023). ¿Cómo se ha configurado históricamente esta relación? A continuación, propondré algunas ideas generales para entender la politización de los sectores populares y su rechazo a la política institucional.
Cambio en la estrategia de los partidos políticos de izquierda
Durante gran parte del siglo XX, los partidos políticos de izquierda y, desde la década de 1960, también la Democracia Cristiana, impulsaron un proceso de incorporación política de los sectores urbano-populares y campesinos. Esto no significaba solamente mayor inclusión social, es decir, mayor acceso a servicios urbanos (salud, educación, vivienda, entre otros), sino el reconocimiento progresivo de los sectores populares como un actor político. En este sentido, los partidos apoyaban la organización de estos sectores y los articulaban con un proyecto de transformación nacional. La identificación de gran parte de los sectores populares con la izquierda o con la Democracia Cristiana no era solamente programática, en un sentido ideológico, sino también se basaba en que sus estrategias de sobrevivencia económica estaban articuladas con la acción de los partidos.
Pese a la importante represión de los sectores populares y los partidos políticos durante la dictadura cívico-militar, a comienzos de la década de 1980, el movimiento popular fue protagonista de la resistencia, tanto en las jornadas de protesta nacional como en las organizaciones económicas populares que se crearon para enfrentar colectivamente la crisis. Jóvenes y mujeres pobladoras entraron a la política como una forma de resolver sus problemas materiales cotidianos y como un medio para derrocar a la dictadura.
Desde mediados de la década de 1980, los partidos políticos, que históricamente habían participado de la organización y movilización de los sectores populares, cambian de estrategia y privilegian la negociación con la oposición política como una forma tanto para terminar con la dictadura como para avanzar en materia de inclusión social. Diversas investigaciones muestran cómo, durante la década de los ´90, los dirigentes políticos y sociales vinculados a la Concertación desincentivan la movilización entre sus bases, argumentando a favor de la nueva gobernanza democrática. El Partido Comunista, que había tenido un rol muy importante en la organización de los sectores populares, queda aislado políticamente y pierde gran parte de su apoyo electoral. De forma paradójica, la recuperación de los canales institucionales de participación, en vez de fomentarla, la desincentivan. Ya a fines de la década, se observa, al interior de las poblaciones, campañas llamando a no votar como una forma de deslegitimar el proceso (Paley, 2001).
La negociación con la oposición no fue una mala estrategia desde el punto de vista de la inclusión social. Sin cambiar el modelo subsidiario, Chile logró progresivamente ir superando la pobreza. A comienzos de los años 2000, se habla de “nueva pobreza urbana” para indicar que los pobres, desde los noventa, viven en casas construidas por el Estado, con acceso a agua potable y servicios sanitarios, con acceso casi universal a la educación secundaria y a la salud primaria. Sin embargo, viven en zonas periféricas, con acceso a servicios urbanos de baja calidad y en entornos cada vez más inseguros (Tironi, 2003). Ahora bien, más allá de este “lado obscuro” de las políticas de superación de la pobreza, la distancia entre los sectores populares y la política es cada vez mayor. En este sentido, el costo de la estrategia institucional que han adoptado los partidos políticos de izquierda ha sido la pérdida de legitimidad. Como observamos en otra investigación, los políticos son percibidos como personas lejanas, que viven en comunas de alto estatus, corruptas y que defienden sus propios intereses (Angelcos, 2024). Este hecho, que hoy día nos parece un dato a la causa, no es natural ni obvio. A comienzos de la década de 1990, Chile era el país, dentro de América Latina, que más confiaba en los partidos políticos. El 2020, es el que menos confía (Araujo, Angelcos y Pérez, 2023).
Desplazamiento de la política hacia el territorio
Durante buena parte del siglo XX, el movimiento popular fue liderado por una clase trabajadora que se organizaba en sindicatos y que se incorporaba al campo político mediante la acción de los partidos políticos de izquierda. Este modelo respondía a un tipo de integración social basado en el trabajo. Los sectores populares accedían a derechos sociales en la medida que formaban parte de una relación salarial formal y estable. Esto, por supuesto, dejaba a amplias capas de la población excluidas. Pobladores y campesinos sólo comenzaron a ser reconocidos como actores políticos durante la década de 1960. A nivel mundial, este modelo de integración fue casi totalmente desmantelado por la implementación del neoliberalismo (Merklen, 2009). En Chile, durante la dictadura cívico-militar, se comenzó por primera vez a medir y ubicar espacialmente la pobreza. Las familias de bajos ingresos podrían ser foco de la acción estatal sólo si demostraban ser pobres.
Este cambio en el modelo de integración social, diseñado en dictadura y profundizado en democracia, ha orientado la acción del Estado sobre los sectores populares. Desde comienzos de la década de 1990, el Estado ha promovido la organización comunitaria como el principal mecanismo para que los sectores populares resuelvan sus problemas materiales. Entre ellas, la organización de comités de vivienda tiene un peso histórico importante.
Durante esta misma década, el Estado impulsó una política de construcción masiva de viviendas sociales que rediseñó completamente el paisaje urbano en las principales áreas metropolitanas del país. Esta política permitió contener durante muchos años el déficit de vivienda heredado de la dictadura y evitar que las apropiaciones ilegales de terrenos se extendieran. Sin embargo, intensificó la segregación residencial, aumentando la distancia geográfica y simbólica entre los grupos de mayor estatus y el resto de la población. Desde esta perspectiva, la marginalización espacial de los sectores populares contribuiría a su alejamiento de la política.
Actualmente, la mayoría de las demandas se vinculan más con el lugar de residencia que con el lugar de trabajo. Esta transformación ha tenido consecuencias profundas sobre la identidad política de los sectores populares. A nivel mundial y también local, la implementación del neoliberalismo fue experimentada inicialmente como el deterioro de la identidad de clase trabajadora. Sin embargo, esto también ha significado la aparición de nuevas identidades, especialmente entre los jóvenes populares. La música urbana o el fútbol son fuentes de identidad que tienen un fuerte anclaje territorial.
Ahora bien, lo propio de estas nuevas identidades políticas, sobre todo las juveniles, es que se forman en oposición a la cultura hegemónica. Vivir a distancia de otros grupos sociales y de la élite política tiene como consecuencia, entre otras cosas, el rechazo a la política institucional. Los políticos son percibidos como personas ajenas, “turistas electorales”, que no conocen la realidad del barrio, que no han experimentado en carne propia los efectos de la desigualdad. Esta distancia con los políticos y sus partidos cuestiona la posibilidad de representación. Desde esta perspectiva, los sectores populares valoran la proximidad como uno de los principales atributos de quienes gobiernan. Esto no significa necesariamente que provengan de la misma clase social, pero sí que conozcan directamente las necesidades de los vecinos. En este sentido, el voto en los sectores populares es menos programático que en otros grupos. Esta característica ha sido muy estudiada a propósito de las redes clientelares que políticos locales establecen en algunos barrios, sin embargo, no se reduce al fenómeno clientelar. La mayoría de los residentes de barrios populares, sobre todo aquellos con menos capital cultural, legitiman la acción política en la medida que se vincule directamente con la solución de sus problemas materiales cotidianos. Solamente jóvenes con mayor escolaridad se identifican con causas que van más allá de lo local, por ejemplo, el feminismo o el ecologismo.
Limitaciones a la participación y nuevas formas de politicidad popular
Uno de los rasgos más característicos de nuestra institucionalidad democrática, tras la caída de la dictadura cívico-militar, es que limita la participación popular. Si bien, como señalé previamente, el Estado ha promovido la organización comunitaria, esto no vincula la toma de decisiones a nivel local con otros niveles del Estado. La política de vivienda, que históricamente operaba como un mecanismo de incorporación política, se ha burocratizado y ha limitado fuertemente la participación de los pobladores. Por ley, los pobladores deben asistir a reuniones mensuales y participar de algunas decisiones menores relativas al proyecto, pero, en general, no intervienen en el diseño, ni menos en las políticas de vivienda que lo regulan. Las juntas de vecinos, que fueron creadas para promover la participación popular, no permiten superar la escala barrial. En general, la organización comunitaria funciona más como un mecanismo de gestión (de control, dirían sus críticos), que como un mecanismo de participación. La “alcaldización de la política” (Valdivia, Álvarez y Donoso, 2012), si bien pone al centro la gestión municipal, despolitiza la resolución de problemas locales.
Ahora bien, pese a estos reconocidos obstáculos a la participación popular, especialmente desde el año 2010, los sectores populares también han experimentado un proceso de politización (Araujo, Angelcos y Pérez, 2023). Al igual que en otros países de la región, el barrio es el principal espacio donde los sectores populares se organizan, desde el cual se movilizan y reivindican derechos al Estado (Merklen, 2009). En este nuevo contexto, numerosas organizaciones de pobladores y pobladoras han repolitizado el conflicto por vivienda (Angelcos y Rodríguez, 2023). Reivindicando su “derecho a la ciudad” han participado activamente en el ciclo político que se abre con el “estallido social”. Pese a que no lograron integrar la Convención Constitucional, participaron de la redacción y promoción de la norma constitucional que garantizaba el derecho a la vivienda, hicieron campaña por el “Apruebo” y mantienen vínculos de confianza con el actual gobierno. Sin embargo, no han tenido la capacidad de articular a los vecinos como históricamente lo hacían los partidos. Paralelamente a este tipo de organizaciones, se observan colectivos de jóvenes, la mayoría con formación universitaria, que construyen su identidad política en oposición a cualquier forma de mediación institucional. Además, se observan organizaciones locales que establecen vínculos clientelares con políticos locales. Finalmente, una buena parte de los vecinos no participa de organizaciones o lo hace en algunas que explícitamente desincentivan el vínculo con la política o promueven valores conservadores, por ejemplo, en iglesias evangélicas.
Esta nueva “politicidad” del mundo popular explica, en parte, la forma del “estallido social”. Grupos de personas, especialmente jóvenes, que, desde su posición periférica en la sociedad y la ciudad, se sumaban espontáneamente a las protestas para reclamar derechos al Estado, pero desconfiaban del interés genuino de los actores políticos institucionales para garantizar esos derechos. Ningún actor o movimiento popular tuvo o tiene la capacidad para liderar a estos sectores, tal como en el pasado lo tuvo el movimiento obrero y los partidos de izquierda. En este sentido, una característica importante de los sectores populares, más que su desorganización, es su desarticulación. Lo que se observa, más bien, son grupos y organizaciones con estrategias políticas diversas (colaboración, oposición o rechazo a la política institucional), que son incapaces de lograr hegemonía en un universo popular cada vez más heterogéneo. La institucionalidad democrática, que supuestamente debiera canalizar, no solamente las demandas locales, sino también sus visiones de sociedad, es usualmente desbordada y no logra vincular la política local con proyectos de transformación nacional.
Reflexiones finales
El “estallido social” de 2019 forma parte de un proceso de politización de la sociedad chilena, del cual también son parte los sectores populares. La forma del “estallido”, su espontaneidad, su ausencia de liderazgos claros, su poca vinculación con organizaciones sociales o políticas, se relaciona con este proceso de politización. Como intentamos demostrar, los sectores populares, especialmente los jóvenes, tienen mayor disposición a manifestarse públicamente, pero, al mismo tiempo, rechazan la política institucional.
Este rechazo a la política se relaciona con la forma en que se ha reconstruido la democracia en Chile. Por una parte, partidos políticos de centroizquierda que privilegian la negociación con la oposición como forma de avanzar en materia de inclusión social no han generado una estrategia sistemática de inserción territorial; por otra parte, una institucionalidad democrática que permite, hasta cierto punto, gestionar las demandas locales, pero que distancia a los sectores populares de la toma de decisiones a nivel nacional.
En este nuevo escenario, el mayor desafío político que enfrentamos es cómo articular una politicidad popular, que, con sus ambivalencias y contradicciones, opera a escala barrial, con proyectos de transformación nacional que, desde la perspectiva de los sectores populares, no alcanzan su realidad cotidiana y que son liderados por personas lejanas, tanto simbólica como espacialmente.
Bibliografía
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Angelcos, N. (2024). La política de la distancia: análisis socioespacial de la relación entre los sectores populares y la política institucional en Chile. Fundación Friedrich Ebert en Chile.
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