Eugenio González
(extractos del discurso en el Senado, Legislatura Extraordinaria, Sesión 2a, octubre de 1953)
Breve Introducción. Eugenio González, su tiempo y el nuestro.
El texto que a continuación presentamos corresponde a extractos claves de una intervención del entonces senador Eugenio González en la Cámara del Senado, en octubre de 1953. En esta intervención, el senador González responde a un discurso anterior, realizado por el senador Marín, donde realizó una profunda crítica al socialismo. En esta, Marín afirmó que el socialismo, a través de su estatismo general sobre la economía y su eliminación de la propiedad privada, no sería sólo ineficiente económicamente, sino también asfixiante de la libertad y la democracia.
La réplica de Eugenio González no solo muestra sus dotes de agudo polemista, sino que nos permite visualizar en forma prístina una original visión de lo que significa el socialismo, presente no solo en González, sino en la tradición general del socialismo chileno de la cual fue, sin duda, uno de sus pilares. Recuperar estos debates y visiones no es un estéril acto de nostalgia. Por el contrario, el vocabulario político que desplegó esta tradición, la crítica al presente que realizaron y las soluciones que defendieron, tienen una particular utilidad y vigencia en nuestro propio presente.
González, en su intervención, nos presenta inmediatamente el corazón del proyecto socialista, tal cual lo entiende. Para él, el socialismo tiene como objetivo rescatar al ser humano de la servidumbre. Socialismo no es que ‘lo colectivo’ domine a lo ‘individual’, o que el aparato estatal se apropie de la iniciativa privada, o una dictadura en cualquiera de sus versiones. Caer en esos monos de paja es asumir el lenguaje de sus adversarios. El socialismo, según González, hace suyos las conquistas civilizatorias de la burguesía al momento de garantizar derechos políticos y crear la idea de República, en contraposición a las monarquías de turno. Identifica en esas conquistas un avance en la eliminación de lazos de servidumbre y, por lo tanto, algo que el socialismo debe también asumir como propias.
Es clave así la apuesta de González: la democracia política fue una conquista contra la arbitrariedad del poder, fue una victoria contra la servidumbre y, como tal, es el terreno natural de acción socialista. Contra la idea predominante en esa época en algunos círculos de izquierda, de que la democracia sería una fachada que legitimaría el poder de la oligarquía, y por lo tanto, una institución a superar, González replica que, por el contrario, la democracia ha sido una trinchera que el pueblo ha ganado, pero con tal de no ser eclipsada por las oligarquías, debe necesariamente expandirse al terreno económico. En sus palabras, “el socialismo democrático quiere hacer efectivas para todos los hombres, sin distinciones de ninguna especie, las realizaciones de la burguesía liberal en el orden político y, para conseguirlo, considera necesario extender a todos los hombres, sin distinciones de ninguna especie, la seguridad económica.”
El socialismo es, así visto, parte de un amplio proceso histórico de democratización de las esferas sociales, políticas y económicas, con el fin de, en palabras de González, rescatar al ser humano de la servidumbre en que se encuentra. De ese proyecto, sin embargo, no se deriva un estatismo general de la economía. El Estado puede ser un agente igual o más explotador que la clase capitalista. Por expansión democrática en la economía, González entiende básicamente dos procesos.
El primero es distinguir el rol de la propiedad privada en la sociedad. Aquí González se aleja de quienes asocian el socialismo con la destrucción de toda propiedad privada. La propiedad privada es una construcción histórica, cuya forma institucional muta al ritmo en que cambian las hegemonías políticas y, bien reguladas, son un factor de libertad (algo que el propio Marx defendía en el primer volumen de El Capital). Sin embargo, advierte González, el control privado de los medios de producción de una sociedad, no aumenta la libertad de los ciudadanos, sino que los hace caer presos de la servidumbre de la gran empresa capitalista. De ser un factor de libertad, en el contexto de relaciones capitalistas la propiedad privada deviene fuente de servidumbre. Distinguir entre la propiedad como garantía de libertad del pueblo, de la propiedad como forma de dominación, es una de las tareas que el socialismo debiese realizar.
El segundo es la idea de que el socialismo implica ‘socializar’ esa propiedad sobre los medios de producción. ¿Qué se entiende por esto? González no profundiza en esto, solo lo diferencia de la mera estatización y sugiere que haría referencia a devolver esos medios a los trabajadores y sus organizaciones. Esta visión de socialización puede dialogar en forma fértil con las recientes propuestas de participación de trabajadores en juntas directivas de las empresas, en establecer mecanismos bicamerales de decisiones, o en formas híbridas de empresas público-privadas. De cualquier forma, nos abre el análisis a establecer formas de propiedad sobre empresas que superen la dicotomía entre la propiedad absoluta de los propietarios o la total estatización.
Finalmente, González hace explícita la contradicción de los defensores del capitalismo liberal entre sus principios y la cruda realidad. Mientras defienden la ‘iniciativa privada’ y la protección del individuo frente al Estado, no advierten que es el propio capitalismo el que ha construido grandes organizaciones burocráticas privadas que dirigen la vida de la clase trabajadora, y que requieren activamente del apoyo estatal para su propia sobrevivencia económica. El capitalismo parecería, recalca González, devenir en un ‘nuevo feudalismo’ de grandes unidades privadas que dirigen territorios económicos.
El socialismo, así visto, reconocería la realidad histórica tal cual es y propondría una agenda de cómo proteger la democracia a partir de su propia expansión sobre estas burocracias privadas, no para sustituirlas por una burocracia pública, sino para que el pueblo pueda, a partir de formas institucionales híbridas y creativas, conducir democráticamente la economía. Tal como ayer demócratas lucharon contra feudos para conquistar derechos expropiando privilegios, el socialismo buscaría superar la servidumbre de las burocracias privadas, para transformarlas en derechos de la democracia.
Intervención de Eugenio González
“Quiero partir de la base –dijo el Honorable senador Marín– de que al dar a los hombres mayores beneficios materiales no se le arrebaten los beneficios morales que ha alcanzado la humanidad en su marcha ascendente. No se concibe satisfacción material alguna sin libertad”. Y, reforzando el concepto, añadió una cita primorosa: “El pájaro prefiere la libertad a la jaula de oro”.
¿Quién, sin ser un retrógrado obtuso, de frágil conciencia moral, o un sectario de místicas delirantes, podría estar en desacuerdo con el señor Marín en este punto? Los socialistas no tenemos, sin embargo, de la libertad un concepto metafísico como los ideólogos de la burguesía liberal, lamentablemente aficionados a suplantar las realidades de la Historia por entidades de la razón. Dice, al respecto, el Programa de nuestro Partido: “El hombre, que es valor por excelencia, aparece hoy día convertido en un mero resorte de la prodigiosa maquinaria industrial, y la producción de riquezas materiales, en vez de servir a las necesidades colectivas, se ha convertido por sí misma en un fin. El socialismo quiere rescatar al hombre de esta servidumbre en que se encuentra”.
Más adelante, insiste nuestro Programa en conceptos tan claros como los siguientes: “El socialismo es, en su esencia, humanismo. A la actual realidad del hombre, mecanizado como simple elemento productor por las exigencias del utilitarismo capitalista, opone el socialismo su concepción del hombre integral, en la plenitud de sus atributos morales y de sus capacidades creadoras. El socialismo recoge para superarlos –y no para destruirlos– todos los valores de la herencia cultural. El socialismo recoge las conquistas políticas de la burguesía para darles la plenitud de su sentido humano. Todo régimen político que implique la regimentación de las conciencias conforme a cánones oficiales, siendo contrario a la dignidad del hombre, es también incompatible con el espíritu del socialismo. El socialismo no acepta, en ninguna forma, la deificación del Estado. El socialismo rechaza la concepción totalitaria del Estado, etc.”. Las citas de la misma índole podrían multiplicarse.
Es decir, no hay oposición entre el liberalismo político y el socialismo democrático. Por el contrario, el socialismo democrático quiere hacer efectivas para todos los hombres, sin distinciones de ninguna especie, las realizaciones de la burguesía liberal en el orden político y, para conseguirlo, considera necesario extender a todos los hombres, sin distinciones de ninguna especie, la seguridad económica. “La democracia política –escribe Pierre Lenoir, un claro expositor del ideario socialista– organiza el poder político a fin de establecer la soberanía popular. La democracia económica persigue el mismo fin en lo que concierne al poder económico. Una y otra se inspiran en el ideal de la autodeterminación del pueblo, y en este sentido no hay diferencias entre ellas, puesto que la soberanía popular es tan inconciliable con la servidumbre como con la miseria. La democracia política significa que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y los mismos deberes hacia la comunidad. La democracia económica significa que cada uno tiene las mismas posibilidad de ejercerlos y que nadie puede utilizar su fortuna en detrimento de la comunidad”.
El socialismo no pretende burocratizar la economía
¿De qué manera habrá de hacerse efectiva la seguridad económica –según el socialismo– sin que sufra menoscabo la libertad política? ¿Cómo habrá de realizarse la socialización de los medios de producción y de cambio que el socialismo considera necesaria para llegar a un verdadero ordenamiento económico? Frecuentemente –y en esta equivocación ha incurrido el Honorable señor Marín– se identifica la política socialista con el intervencionismo estatal, mejor dicho, con la burocratización de la economía, y se sostiene que el socialismo supone inevitablemente la absorción del hombre por el Estado, que la libertad política, base del sistema democrático, sólo puede darse acompañada de la libre iniciativa económica, sustentada en la propiedad privada y que, por lo tanto, cualquiera forma de planeamiento técnico y de organización social y de las actividades productoras y distribuidoras de bienes y servicios, conduce a la regimentación política y aun espiritual de los ciudadanos.
Ni en la teoría, ni en la práctica, ni como doctrina, ni como política corresponde el auténtico socialismo a esta deformada imagen que de él propalan sus detractores. Ninguno de los grandes pensadores socialistas ha concebido la absorción de la sociedad por el Estado, sino, a la inversa, la extinción del Estado –por lo menos en su forma coercitiva, policial y burocrática– en una sociedad sin clases económicas. La progresiva identificación de la sociedad con el Estado es un fenómeno notorio en la historia contemporánea. El socialismo quiere contribuir a que se realice con prevalencia de los valores, las relaciones y los organismos de espontánea cooperación que caracterizan a la sociedad sobre los valores, las relaciones y los organismos de poder que son propios del Estado.
El socialismo no pretende, pues, “estatizar” la economía. El señor Marín hizo suyas las palabras de Pestalozzi: “No hay que estatizar al hombre sino humanizar al Estado”. Algo semejante dice el socialismo con relación a la economía: no hay que estatizar la economía sino socializarla, es decir, humanizarla. Es bien sabido que cuando el Estado se hace cargo de determinados servicios se comporta frente a los trabajadores como un empresario cualquiera, y los trabajadores, a su vez, se mantienen frente al Estado en virtual actitud de lucha, como si se tratara de un empresario particular. De ahí que se produzcan los mismos conflictos sociales en las empresas privadas y en las empresas “nacionalizadas”, es decir, estatizadas. Huelgan los ejemplos. La administración directa de empresas, por parte del Estado, a través de la burocracia tramitadora y lenta por esencia, es una forma casi siempre dispendiosa y, generalmente, ineficaz de capitalismo público.
El socialismo es otra cosa. No aspira el socialismo a reforzar el poder político del Estado con el manejo del poder económico. No pretende el socialismo que sea el Estado quien planifique, regule y dirija los complejos procesos de la producción y distribución de bienes y servicios. No se propone el socialismo levantar sobre las ruinas de las empresas privadas a una especie de gran empresario que sería el Estado burocrático y policial. Por el contrario, quiere el socialismo que los propios trabajadores y técnicos, a través de sus organizaciones, planifiquen, regulen y dirijan, directa y democráticamente, los procesos económicos en beneficio de ellos mismos, de su seguridad, de la sociedad real y viviente. Para el socialismo es tan imperativa la defensa de los intereses y los valores humanos frente a las tendencias absorbentes del totalitarismo estatal como frente al poder económico del capitalismo monopolista.
¿Quién podría impugnar las observaciones en que abunda el señor Marín respecto de la necesidad de incrementar la producción como base de cualquiera política económica? No constituyen precisamente novedades las opiniones del “distinguido economista chileno”, a cuya autoridad recurrió al comienzo de su disertación. El socialismo está muy lejos de querer la destrucción del capital que –como dice el “distinguido economista chileno”, con sagacidad digna de mayor encomio– es un factor indispensable de la producción que ningún régimen económico puede suprimir; es un producto del trabajo que no se consume, trabajo cristalizado; una riqueza que se ahorra y se guarda para invertirla después y producir otra riqueza. El socialismo aspira, justamente, a desarrollar el capital, en cuanto fuerza productora, para aumentar las disponibilidades de bienes y servicios en términos que hagan eficaces sus principios de seguridad humana y de justicia distributiva. No tiende su política a disminuir la renta nacional “per capita”, a que tanto aludió el señor Marín, sino a aumentarla; no quiere el socialismo socializar la miseria, sino el bienestar.
Aquí nos encontramos con el problema de la propiedad privada. Limitándome a recordar que también la propiedad es una “categoría histórica” y, por lo tanto, se presenta en diversas formas según las circunstancias y las épocas, debo insistir en que el socialismo sólo rechaza la propiedad privada de los medios de producción en cuanto representan un poder económico y tienen un alcance social. El fin de la propiedad es la seguridad frente al porvenir, y cuando la forma en que se ejerce deja de servir a tal fin, se impone su modificación. Es lo que está sucediendo en la sociedad capitalista: la propiedad privada de los medios de producción –útil al progreso económico durante largo tiempo– se ha hecho incompatible con las nuevas exigencias de la vida económica.
Para defender la propiedad privada de los instrumentos de producción social, se arguye que únicamente a base de ella pueden funcionar la iniciativa individual y la competencia libre, sin las cuales la vida económica se estancaría. Sin embargo, dentro de la actual fase de desarrollo de la economía capitalista, sólo de manera muy precaria –me refiero, naturalmente, a los grandes países industriales– existen la concurrencia libre y la iniciativa individual: los patrones de antiguo estilo, impulsados por una fuerte voluntad de lucro personal, señores todopoderosos de lo que fue, hasta no hace mucho, una especie de nuevo feudalismo, han cedido sus sitio a los expertos, a los “directores” de que habla Burnham, que no tienen la propiedad de las empresas, pero les hacen producir con creciente eficacia técnica. Por otra parte, las organizaciones de dueños de capital y las organizaciones de los asalariados reducen, cada vez más, las posibilidades de la competencia libre.
El intervencionismo estatal en la economía
Los puntos de contacto, en sus “formas reales”, entre los sistemas doctrinalmente opuestos del capitalismo y del socialismo resaltan a un somero análisis de los hechos contemporáneos. “Ni aun en la época de apogeo del capitalismo –escribe Laufenburger, autor citado como autoridad por el Honorable señor Marín– se ha visto realizado el ideal de la libertad y del individualismo. Por otra parte –agrega– el socialismo no ha sobrepasado la etapa de un principio de ejecución”. Me parece casi superfluo mencionar los hechos que abonan este juicio: dentro de los países capitalistas, la política aduanera, fiscal, monetaria y social, ha puesto límites al ejercicio de la propiedad privada y al empleo de los instrumentos de producción, como asimismo a los resultados de la actividad económica particular; dentro de la Unión Soviética se ha aplicado, en cambio, la técnica capitalista, no sólo en la mecanización industrial y en la organización financiera, sino también en lo que se refiere a la contabilidad y rentabilidad de las empresas, a la determinación de precios y a los regímenes de trabajo y de salario.
Presionado conjuntamente por las organizaciones capitalistas y las uniones sindicales, y por el aumento de su propia complejidad funcional, el Estado moderno ha ido acentuando su intervención reguladora en los procesos económicos. Ha necesitado estar “en forma” para superar sus periódicas crisis internas y para hacer frente a las contingencias de la política exterior. Entre las dos Guerras Mundiales, fórmulas de intervencionismo estatal, de economía dirigida, de capitalismo y socialismo de Estado, de corporativismo, etc., se tradujeron en modificaciones institucionales y en ensayos políticos de considerable importancia. La crítica del Honorable señor Marín se ha referido precisamente al intervencionismo del Estado porque, entre otras cosas negativas, pone en peligro la capitalización de los países para alcanzar efectos de alcance político en la distribución de la renta nacional.
Los liberales –no creo necesario advertir que los tomo como especie política, sin intención de aludir a nadie en particular, menos al Honorable señor Marín– protestan académicamente de la intervención del Estado en la economía, pero se apresuran a solicitarla cuando se trata de la defensa de sus capitales y de sus beneficios. ¿Algún empresario liberal, en ufano alarde de ortodoxia ha rehusado los subsidios del Estado, por medio de bonificaciones, cambios preferenciales y precios remunerativos? ¿Hay alguno que por “respeto a la doctrina”, convencido de que “el mejor Estado es el más barato y el que actúa menos”, se haya negado a participar en organismos económicos de los cuales el Estado es socio? El Estado es para los liberales –y en esto podríamos estar de acuerdo, en términos generales, con respecto a la burocracia– mal industrial y mal comerciante, pero deja de serlo cuando une sus recursos a los recursos de los particulares, abriendo a éstos mejores perspectivas de ganancias.
Los socialistas, en cambio, buscamos la intervención del Estado, dentro del régimen económico-social imperante, cuando se trata de la defensa de los trabajadores y del trabajo, aunque en principio no queremos tampoco que la economía nacional se convierta en esfera de la acción del poder político. Comprendemos, sin embargo, que este principio no puede razonablemente aplicarse en los países que necesitan acrecentar con rapidez sus fuerzas económicas, “quemando” etapas, ni en situaciones de crisis que exigen un empleo coordinado y total de los recursos nacionales, públicos y privados. La historia contemporánea ofrece impresionantes ejemplos de aceleradas transformaciones económicas mediante la intervención del Estado: de tipo socialista, como en la Unión Soviética, y de tipo capitalista, como en el Japón y Turquía. Para los países latinoamericanos, de incipiente capacidad industrial y en estado de crisis, la exigencia de una política económica técnicamente planificada se torna perentoria.
La intervención del Estado en la economía, en cualquiera de sus formas –total o parcial, directa o indirecta, de sentido capitalista o de intención socialista– es sólo un medio cuyo valor dependerá de las circunstancias en que se emplea. No es contraproducente o provechosa en sí misma. Por lo demás, son siempre las necesidades económicas, sociales y políticas las que deciden en esta materia. He querido dejar en claro que los socialistas no somos “doctrinarios” del intervencionismo estatal, que no propiciamos el absurdo económico de reemplazar a los productores por funcionarios y a los técnicos por políticos. Los socialistas queremos –repito– una economía para el hombre, no para el Estado.
